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MAYO - JUNIO 2014

PEÑA INTENTA PROHIBIR LA PROTESTA SOCIAL

Por Daniela Rivas

La protesta social es un derecho humano, establecido en nuestra Constitución y en las leyes internacionales, sin embargo, existen  nuevas propuestas de ley en las que pretenden limitar (le llaman "regulación") los derechos relacionados a la libertad de expresión y las formas en que una o un grupo de personas ejerce su derecho a protestar. 

No podrán legalizar la represión ni podrán eliminar de los derechos elementales y fundamentales. Han intensificado las campañas en los medios para criminalizar la protesta social y por otra parte, el Poder Legislativo está haciendo propuestas para limitar las libertades democráticas y que buscan que nuestros derechos a las libertades de expresión, protesta, reunión y asociación, sean eliminadas.

Las “regulaciones” que proponen los gobiernos estatales y el gobierno federal  no protegen a nadie, como tanto proclaman en los medios, al contrario, agreden y violentan a los ciudadanos al inhibir, limitar y prohibir la libre manifestación, así como la expresión, protesta, reunión y asociación. Las propuestas presentadas a los Congresos de San Luis Potosí, Quintana Roo, Jalisco y el Distrito Federal, están construyendo una estructura legal para criminalizar la protesta social y para castigar a quienes estén en contra de alguna disposición de las autoridades y de los gobiernos.

Sin duda alguna esto representa un grave retroceso en las libertades democráticas y los derechos fundamentales; se incumple y contraviene los derechos reconocidos en la Constitución, así como los Derechos Humanos reconocidos a nivel internacional.  Las nuevas propuestas violentan los derechos se ejercen no sólo en las calles, sino también ahora quieren coartar las libertades en internet con las modificaciones donde  pretenden limitar acceso a ciertas páginas o contenidos que el gobierno considere que atentan contra la seguridad de la nación.

Se pretende que quienes deseen manifestar una protesta, tengan que pedir permiso, intentan que sea un acto legal el disolver las marchas o mítines en espacios públicos cuando se bloquee una vía pública o un edificio de gobierno, y si acaso el permiso es negado (como es muy probable que suceda), los manifestantes pueden ser detenidos y encarcelados. También se señala que el Estado se arroga la posibilidad de limitar las comunicaciones electrónicas en sitios en donde considere que esté en riesgo el orden o la seguridad nacional.

Es violencia del Estado hacia el pueblo, el coartar  y restringir el ejercicio de los derechos humanos tanto de las personas como de los pueblos, estas propuestas de leyes están buscando reprimir los movimientos y las protestas sociales en todas sus formas. Las normas que intentan imponer en las leyes, serán usadas para criminalizar injustamente, para acusar a los inconformes de que atentan contra la seguridad del país, cuando lo que se busca es callar la voz del pueblo que crece día a día y que cada vez son más amplios los grupos que se inconforman y que se unen en contra de las políticas neoliberales del actual gobierno y que tanto dañan a la economía y a la sociedad en su conjunto, pero sobre todo, a la clase trabajadora.

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