Las doce principales propuestas de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas:
1. Se establecería una Agenda Nacional del Agua, a cumplir cuenca por cuenca en 15 años:
· Agua para ecosistemas;
· Agua de calidad para tod@s;
· Agua para soberanía alimentaria;
· Fin a la contaminación;
· Fin a la destrucción de cuencas y aguas subterráneas;
· Fin a la vulnerabilidad evitable a inundaciones, sequías y cambio climático;
· Fin a la corrupción, la impunidad y la criminalización de defensores de agua y territorio
2. Coadyuvancia ciudadana-gubernamental para la planeación y gestión:
a. Reemplazar a la Conagua con el Consejo Nacional de Cuencas y Agua, construido desde la microcuenca, subcuenca, cuenca y región hasta lo nacional, con una participación abierta a nivel local, y representatividad a cada nivel superior por unidad territorial y por sistema de manejo asociado con derechos (pueblos originarios, sistemas comunitarios, usuari@s domésticos urban@s, productores para la soberanía alimentaria; defensores del agua para la salud (fin a contaminación); defensores de ecosistemas esenciales; investigadores y organizaciones cívicas.
b. Democratizar a las comisiones estatales de agua y saneamiento: Consejos estatales compuestos por representantes territoriales de sistemas esenciales para cumplimiento con derechos, elegidos en asambleas incluyentes, con mandato revocable.
c. Democratizar a los organismos municipales: Consejos de Administración compuestos por representantes territoriales de usuari@s doméstic@s, pueblos originarios, escuelas, sistemas de salud, elegidos en asambleas incluyentes, con mandato revocable. Estos organismos Se requeriría su aval para: aprobar o modificar el Plan de Desarrollo Urbano; cambiar el uso del suelo o la densidad de ocupación; autorizar licencias para unidades habitacionales; para proyectos hoteleros, o para cualquier obra o actividad que podría afectar la disponibilidad o calidad del agua para los habitantes del municipio y de la Alcaldía.
d. Fortalecer a los sistemas comunitarios, como mecanismos esenciales para cumplimiento con el derecho al agua, derechos de pueblos indígenas y defensa del territorio
e. Construir Contralorías Autónomas: Mecanismo que permitiría que nuestros procesos organizativos confluyan en el territorio, a distintas escalas, para poder luchar más efectivamente contra la corrupción e impunidad; y para sentar las bases para capacidad legítima de gobierno. A mediano a largo plazo, la Contralorías servirán para vigilar el buen funcionamiento de las instancias de planeación y gestión democratizadas, así como para la lucha frente a los “intereses” destructores del agua y territorio
3. Crear Planes Rectores de Cuenca como instrumentos de planeación territorial en torno a los derechos humanos y de los pueblos. Reconocimiento de jurisdicciones de pueblos originarios. Definición de Áreas de Importancia Hídricoambiental. Reconstrucción del Sistema de Concesiones. Programas, políticas y obras requeridas para restaurar las cuencas y prepararlas para enfrentar cambio climático. Planes de soberanía y sustentabilidad alimentaria y energética.
4. Establecer nuevos instrumentos de prevención, precaución y protección como:
a. El dictamen de impacto Socio hídrico, que fortalecerían los manifiestos de impacto ambiental,
b. El dictamen de análisis costo beneficio socio hídrico ambiental, el cual se haría contemplando la operación de todo el ciclo de vida de la infraestructura, e incluyendo costos ambientales y sociales.
c. La declaración de cuenca en extremo estrés hídrico y
d. El reconocimiento de áreas de importancia socio hidro ambiental
e. La protección de zonas federales, incluyendo la revisión y en caso necesario, revocación de concesiones que obstaculizan el buen funcionamiento de la cuenca.
5. Elaborar Planes Municipales y de Alcaldías de la Ciudad de México, de agua potable, alcantarillado y saneamiento vinculante, para asegurar la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento por los SAPAS ya sea por sistemas comunitarios/autogestionados o sistemas ciudadanizados, y contendría las estrategias, políticas, obras y acciones requeridas para garantizar el acceso equitativo a agua de calidad, sanitarios dignos y saneamiento para l@s actuales y futur@s habitantes, y para la gestión óptima de las aguas residuales y pluviales urbanas.
6. Crear un sistema de información, monitoreo y alerta de cuencas y aguas. Sistema que sería coordinado por el Consejo Nacional de Cuencas involucrando a: el Servicio Meteorológico Nacional; la CONABIO, la INECC, el INIFAP, la CONAFOR, el INEGI los SAPAS y las entidades responsables del agua a nivel federal, estatal y municipal. Implicaría la integración de todos los sistemas de monitoreo climático, hidrométrico y de aguas subterráneas en el país en un solo sistema. Se utilizaría para la elaboración y seguimiento de Planes Rectores y Planes de Agua potable y saneamiento municipales; planes de manejo para Áreas de Importancia Sociohídricoambiental; planes de desarrollo urbano y ordenamientos ecológicos; recomendaciones de volúmenes y condicionantes para concesiones; estrategias para la eliminación de riesgos hidricoambientales; Dictámenes Costo-Beneficio y de Impacto Socio Hídrico, sistemas de alerta, entre otros.
7. Reconstruir el sistema de Derechos a aguas nacionales:
a. Sólo se concesionaría el volumen ecológicamente aprovechable, según determinaciones de investigadores avalados por el respectivo Consejo de Cuencas y Aguas.
b. El agua sería prioritariamente para el uso doméstico y servicios públicos básicos y la soberanía alimentaria, seguido por las prioridades determinadas por el Consejo de Cuencas y Aguas.
c. Se garantizaría el acceso equitativo a un volumen acordado por el Consejo.
d. Se restauraría los derechos de los pueblos originarios y se respetaría la integridad de sus tierras y aguas.
e. Las concesiones para usos no prioritarios serían anualmente renovables, según la disponibilidad y el cumplimiento con los condicionantes de acceso.
f. Las concesiones no serían transferibles
g. Se realizarían inspecciones oficiales y monitoreo ciudadano, con financiamiento garantizado y acceso público a los resultados.
8. Priorizar de infraestructura hídrica requerida para garantizar derechos al agua y a la seguridad hídrica en las políticas tributarias y en los presupuestos a nivel nacional, estatal, municipal. El cumplimiento con el derecho al agua requiere lograr políticas tributarias-fiscales progresivas para combatir las inequidades que ponen en riesgo la estabilidad del país. Se requiere asegurar que los que más se beneficien de la economía paguen una carga justa de impuestos, y que los recursos así recaudados se apliquen estricta y prioritariamente a la ejecución de los planes consensados para garantizar el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano.
9. Construir la Contraloría Social del Agua (CSA) es un organismo desconcentrado del Consejo Nacional de Cuencas, de composición ciudadana que buscaría erradicar la corrupción y la impunidad en el desempeño de la función pública del agua. Tendría autonomía presupuestaria (financiada con el 10% del cobro de derechos a aguas nacionales) y de decisión, así como capacidad vinculante. La Comisión Nacional de Derechos Humanos certificaría el proceso de elección de Contralores Ciudadan@s (posición honorífica, sin conflicto de interés) por cuenca y a nivel nacional. L@s representantes de las CSA serían observadores en reuniones oficiales de toma de decisiones relevantes al derecho humano al agua y al buen manejo de cuencas. Vigilarían la construcción y funcionamiento democrático y transparente de las instancias ciudadanizadas y comunitarias de gestión del agua y de cuencas. Mantendrían el Registro Nacional del Derecho Humano al Agua y Saneamiento que permite orientar las acciones del Fondo Nacional, tanto como para fincar responsabilidades de servidores públicos y presentarían Evaluaciones Anuales de Cumplimiento de Funcionari@s Públicos, solicitando, en su caso, la aplicación de sanciones o la revocación del mandato de funcionari@s incumplidos. Promovería demandas de acción colectiva para cancelar proyectos dañinos y para lograr la restauración sociohidricoambiental con el apoyo de tribunales especializados y defensorías socio hidricoambiental. Así mismo la Auditoria Superior de la Federación tendría la obligación de investigar irregularidades detectadas por la CSA en sus evaluaciones anuales de servidores públicos. Aplicaría las sanciones correspondientes incluyendo la revocación del mandato a funcionari@s que incumplan, emitan autorizaciones irregulares o desvíen recursos. La CSA formaría parte del Sistema Nacional de Fiscalización promovido por la ASF.
10. Crear la Procuraduría del Agua y Ambiente, constitucionalmente autónoma (la actual Procuraduría Federal de Protección al Ambiente depende del Ejecutivo Federal), con una unidad en cada cuenca, financiada con 5% de los derechos del agua, responsable de inspeccionar y sancionar violaciones de la normatividad.
11. Generar la Defensoría Pública del Agua y Ambiente: Recursos públicos para abogad@s especializad@s para realizar litigios estratégicos frente a principales destructores del agua y cuencas (funcionari@s, corporaciones), según recomendaciones de Contraloría del Agua y Consejo ciudadanizado de Cuenca (estas instancias nombrarían y en su caso reemplazarían Coordinadores de las Defensorías en su jurisdicción).
12. Blindar el agua de cualquier tratado o acuerdo de libre comercio. Cualquier acuerdo tendría que potenciar a los pueblos y ciudadanos para lograr el cumplimiento con los derechos humanos, limitando y condicionando los poderes de las corporaciones.
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