Magdalena Gómez. La Jornada. 24 de septiembre 2024
A dos días del décimo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, sólo se mantiene la ausencia de certeza sobre su destino entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
Este caso, bien sabemos y no olvidamos, no es el único cubierto bajo el manto de la impunidad. Basta con el de 1968, cuyo intento de investigar y judicializar en el foxismo, a través de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado , concluyó casi abruptamente ante un primer informe que prefiguraba responsabilidades para el Ejército, institución que frenó al propio Presidente de la República de aquel entonces y, con ello, a la fiscalía referida.
Cincuenta y seis años en un caso 10 en otro y ¿cuántos más? sobre procesos convertidos en efemérides, señal equivalente a impunidad operada desde el Estado, aun a costa de la dignidad y la lucha persistente de las víctimas y movimientos sociales empeñados en encontrar justicia.
En el caso Ayotzinapa encontramos que transcurrieron los últimos cuatro años del peñismo y el sexenio por concluir de la llamada Cuarta Transformación y si bien podemos señalar etapas claves en uno y otro gobierno, en lógica de resultados, el saldo en ambos, es la ausencia de verdad y justicia.
El pasado 19 septiembre el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) realizó la Jornada a 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, con la participación del comité de sus familiares y el relato de los contrastes y rupturas enfrentados en el gobierno actual, donde su impulso inicial y compromiso se ha visto interrumpido en los hechos, cuando la investigación topó con el Ejército en 2023.
Doloroso panorama al que se responde con su inquebrantable decisión de continuar en la exigencia de encontrar la verdad y la justicia. Fue en esa jornada que Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, enunció las etapas que el caso muestra desde 2014 hasta hoy con la impotencia de no haber llegado todavía a la verdad.
Retoma la primera reacción a cargo del gobierno de Guerrero con escasos y opacos resultados hasta que el gobierno federal casi 10 días después interviene a través de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a través de la unidad especializada en el delito de secuestro, pues no se consideraba desaparición.
Ahí se construyó la llamada “verdad histórica”, según la cual, los 43 estudiantes habían sido entregados por policías municipales de Iguala a un grupo delictivo, que los quemó y sus restos dispersados en el río San Juan.
Las evidencias encontradas mostraron que esta versión sólo buscaba cerrar el caso. Temerosos de que creciera la potencia de la marcha contra la impunidad del 20 noviembre de 2014 que trascendió nuestras fronteras y fue precedida por la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que las organizaciones de derechos humanos solicitaron medidas cautelares una de ellas condujo a la aceptación del gobierno para que una comisión de expertos llegara al país a coadyuvar en la investigación (GIEI) a partir de marzo de 2015 y en septiembre de ese año mostró en un primer informe que la versión de “verdad histórica” era falsa. También la Oficina de la ONU respaldó esta postura en otro informe.
Para abril de 2016 Peña Nieto prácticamente echó del país al GIEI que actuó fiel al pedido de los familiares de los estudiantes de que no los traicionaran. También se recordó que en los videos de los detenidos y luego procesados por los hechos de la “verdad histórica” se observaban personas golpeadas, lo que a la postre derivó en una sentencia en 2019 que ordenó liberarlos.
Los grupos de derechos humanos estuvieron de acuerdo en que es ilegal obtener confesión por tortura, lo cual a la fecha les ha valido la acusación desde el Ejecutivo de que intervinieron a favor de los delincuentes. En este sexenio se creó la Comisión de la Verdad y la Justicia, presidida por Alejandro Encinas (Covaj), se aceptó el retorno del GIEI, se nombró un fiscal especial con conocimiento del caso, el cual recuperó evidencia de registro de intervenciones telefónicas, donde delincuentes de la región de Iguala hablan de corrupción a elementos militares.
La Covaj presentó un informe hablando de crimen de Estado, el GIEI en otro denunció que el Ejército tiene retenidos 800 folios claves. En julio de 2023 el GIEI sale del país, en noviembre de ese año renuncia Encinas y quien era el fiscal está en Estados Unidos y enfrenta acá acusaciones penales. El Presidente de la República se hizo cargo de la investigación, sin facultades ministeriales, y entregó un informe en el que exculpa al Ejército.
En el camino se ha tratado de dividir a los familiares. En dos días se verá la fuerza de la marcha por el décimo aniversario. Dejo unas perlas de un caso que muestra el alcance de la llamada Cuarta Transformación.
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