Pablo Moctezuma Barragán
A lo largo de seis años pobladores de la Comarca Lagunera en México desarrollan una importante lucha, enfrentando obstáculos de todo tipo, amenazas y represión. El sistema actual pone los intereses de grandes corporaciones extranjeras sobre los de las comunidades, el medio ambiente y el desarrollo regional equilibrado y generador de bienestar social. Tal es el caso de la fábrica de cianuro Chemours-Dravloska en la zona de Dinamita. La instalación de la planta de producción de Cianuro de Sodio en Pueblo Nuevo El Siete, Durango, pone en alto riesgo a la región. Las comunidades desde hace años decidieron en asamblea, con participación de pobladores de 22 comunidades afectadas por esa explotación criminal, establecer un campamento en los principales accesos a la planta para evitar su construcción, exigiendo además su total salida de La Laguna, de Durango y del país; la califican como la empresa “de la muerte”, ya que produciría 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año. Desde 2017 las comunidades afectadas de Gómez Palacio conformaron el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, para organizarse en defensa de su territorio.
Integrantes del Frente Unido y la CNTE Comarca Lagunera, han denunciado el persistente hostigamiento político judicial y la represión que han sufrido de los gobiernos municipal y estatal, que apoyan a empresarios y empresas ubicadas en el área comunal de Dinamita, Durango. El dirigente Bernardino Ochoa Camacho ha aseverado que mientras se presentan con la careta de una inofensiva fábrica generadora de empleos e impulsora de desarrollo, están impulsando un gigantesco basurero tóxico. En estas denuncias han contado con el apoyo de periodistas honestos y comprometidos como Julio César Ramírez quien ha manifestado en diversos foros y artículos la problemática de la región y en la que destaca la resistencia a la fábrica de cianuro “Chemours” en Dinamita y de otros movimientos como el de la lucha por las tierras en la zona de San Juan Villanueva hacia Matamoros -Viesca por la construcción de un parque solar.
Los gobiernos de la Comarca Lagunera no gobiernan para el pueblo, gobiernan para el interés del negocio, pues no se han preocupado por detener el extractivismo, están y siguen extrayendo todos los recursos naturales que tenemos en México.
Antes del proyecto en La Laguna, la Chemours Company había intentado un par de veces instalar una planta en Guanajuato en 2016 pero la movilización popular y la negación del permiso de uso de suelo por gobiernos municipales obligó a la empresa a cambiar su proyecto al estado de Durango donde la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales estatales aprobó el proyecto, por lo que el 24 de junio de 2017, sin ser consultadas las comunidades afectadas, inició su construcción en Gómez Palacio. Luego de conocer el proyecto, en julio de 2017, se forma el Frente Unido de Pueblos de la Laguna que pide una demanda de nulidad en contra de la resolución que autorizó el proyecto en materia de impacto ambiental.
Ante tal actitud, el 9 de marzo de 2018, el Frente se manifestó contra la instalación de la planta siendo reprimidos por las fuerzas de seguridad local, que detuvieron a 49 personas, incluidos 5 menores y 10 mujeres, también hirieron de gravedad a 10 personas que tuvieron que ser hospitalizadas. Además de promover la represión, la empresa ha desplegado acciones para tratar de ganarse la confianza de los pobladores y de dividir a las comunidades con acciones como la entrega de láminas acanaladas, despensas y útiles escolares, pero por supuesto que nunca ha presentado el proyecto de la planta a la comunidad y mediante engaños busca debilitar la resistencia. Pese a todo el movimiento continúa.
Se recurrió al amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna que ordenó la suspensión definitiva de la construcción del proyecto, esto significó una gran victoria política y legal, pero “moviendo influencias”, la corporación logró que la orden fuese revocada por un Tribunal Colegiado en Torreón que permitió a la empresa reemprender las obras de construcción en mayo de 2020, sin importarles que los permisos municipales ya habían caducado durante el período de suspensión.
Fue entonces que el Frente de Pueblos decidió en asamblea establecer primero un campamento el 23 de julio de 2020 y luego el segundo el 1 de septiembre del mismo año, en las entradas de la fábrica bloqueando los accesos, a pesar de estar en plena pandemia, mientras se apeló al Tribunal Federal de Justicia Administrativa que llevó finalmente a la determinación unánime de la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental para ese proyecto. La obra está suspendida provisionalmente desde que se hizo público que en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) la compañía borró del mapa a 22 comunidades ejidales.
Ante las injusticias y de manera decidida, los sectores progresistas de la región han apoyado la lucha, como ha sido el caso de las y los maestros de la CNTE, de la Iglesia, encabezados por el obispo emérito Raúl Vera, han apoyado desde el inicio al movimiento en defensa de las comunidades y de toda la región, denunciando el gran peligro que representa para la vida.
Otro gran apoyo a esta lucha lo ha dado, desde su fundación el 24 de febrero de 2021, la Contraloría Social del Agua de la Comarca Lagunera, parte integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos, Agua para la Vida, que defiende la participación ciudadana en la toma de decisiones y la justicia hídrica en México; desde el inicio se propuso una instancia ciudadana, auto-organizada, que trabaje sobre las principales problemáticas de cada zona o región. Esta organización ha denunciado los estragos que provoca el uso del cianuro en la minería y la contaminación del subsuelo, suelo y aire por estos químicos. La problemática es fuerte en La Laguna, una de las regiones de México con mayor sobreexplotación y degradación del agua. Desde su fundación, la Contraloría ha apoyado la lucha tenaz de las comunidades contra la fábrica de cianuro. Además, promueven vínculos con universidades locales que se suman a la defensa del medio ambiente y a la lucha de Dinamita, como es popularmente conocida, por ser ésta una de las comunidades en resistencia, también han recibido gran apoyo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería: REMA que los acompaña en su lucha.
Tras la anulación del Tribunal de la autorización de impacto ambiental, la empresa Chemours buscó otras salidas para su negocio, el siguiente paso de la corporación fue anunciar su venta a la compañía checa Draslovka Holding, el 1º de diciembre de 2021.
Gracias a la acción directa de comunidades, la construcción de la proveedora de la minería fue detenida y avanzó el desmantelamiento, pero no concluyó. La exigencia es: Desmantelamiento total e inmediato y cese el hostigamiento. ¡Vida sí, cianuro no!
La resistencia a la fábrica de cianuro Chemours pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para el desmantelamiento total de la planta tóxica en La Laguna, cese el hostigamiento y agresiones a comunidades además de invitarlo a visitar el campamento norte de lucha en la zona de Dinamita, Durango.
En México, es necesario desarrollar profundamente las resistencias por la tierra y el agua, a pesar de los planes criminales de las grandes corporaciones y de la represión del Estado, que el movimiento de Dinamita y otras comunidades han enfrentado valientemente y han salido adelante. A pesar de todo, hasta 10 compañeros, todavía en 2020, tenían que estar yendo a firmar porque estuvieron presos en la represión del 9 de marzo de 2018 por parte de fuerzas de seguridad de los gobiernos del Estado de Durango encabezado por José Rosas Aispuro y del municipio de Gómez Palacio gobernado por Leticia Herrera Ale, defensores incondicionales de la empresa y su proyecto contaminante.
Las agresiones continúan en 2023, el 2 de febrero pasado, personas armadas forzaron el acceso de la casa del defensor de derechos humanos Cristóbal González Estrada, integrante del Frente, allanaron la vivienda y agredieron a sus hijos de 12 y 14 años. The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (IFPHRD), refieren que tales agresiones, ocurren, después de la denuncia del Frente sobre el secuestro de otro integrante, Servando Delgado Rentería, el 25 de enero. El Frente de Pueblos, precisa, ha sido víctima de hostigamiento en reiteradas ocasiones por individuos armados que se transportan en camionetas blancas sin placas. (Julio César Ramírez en el Sol de Durango, 18 de febrero 2023)
Las corporaciones no solo contaminan y explotan los recursos humanos y naturales de la región, sino que, en contubernio con la compañía Austin Powder y su representante legal, ha demandado a seis de los luchadores sociales con carpetas de investigación a los que obligaron a comparecer y acudir a audiencias programada el pasado 6 de junio de 2023, involucrando no sólo a participantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna, sino también del movimiento magisterial democrático de la CNTE. Es indignante que se criminalice a quien defiende la vida y el derecho democrático de las comunidades a decidir sobre su propio entorno y a salvar la salud y el bienestar de sus familias.
Hay repercusiones internacionales, la organización de defensa de los derechos humanos Front Line Defenders, con sede en Dublín, Irlanda, expresó a través de un comunicado internacional urgente, su preocupación por las agresiones y hostigamiento dirigidos hacia el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, ya que se presume que están vinculadas a su actividad legítima en la defensa de los derechos humanos.
La IFPHRD también conocida como Front Line Defenders, dirigió su pronunciamiento hacia autoridades estatales de Durango, municipales de Gómez Palacio y federales asentadas en la Ciudad de México. Señala que el Frente de Pueblos de La Laguna ha recibido hostigamiento y agresiones debido a su trabajo colectivo como defensor de derechos humanos ante el megaproyecto químico industrial de cianuro de sodio Chemours Laguna, instalado en Dinamita en 2017. A pesar del desmantelamiento (frenado) del proyecto químico, remarca, el citado Frente continúa sufriendo represalias por su labor en defensa de los derechos humanos.
En México las comunidades que defienden su territorio y hábitat son ejemplares, como lo hacen en Bahía de Ohuira, Sinaloa, quienes se enfrentan al riesgo ante la construcción de una planta de amoniaco, que atenta contra la vida que han desarrollado hace cientos de años en la Bahía. Es un llamado a que las comunidades se organicen contra daños empresariales al medio ambiente y a autoridades corruptas que lo permiten en los tres niveles de gobierno.
Basta ya de que las comunidades no puedan decidir e implementar un desarrollo económico propio y para su beneficio, basta de que lleguen empresas extranjeras depredadoras a desarrollar sus proyectos de muerte. En esa región se aspira a un desarrollo sustentable, la Asamblea General del Frente Unido de Pueblos de Laguna en Defensa del Territorio, la Vida y el Agua ha decidido desarrollar en la Sierra del Sarnoso un corredor ecoturístico, de administración comunitaria, ese corredor ecológico es viable porque el área ya se reconoció como zona natural protegida. Ya están capacitándose en brigadas ecoturísticas para futuros visitantes de la zona, para que conozcan la sierra y las comunidades por la calidad cultural que tienen. Desyerbaron y limpiaron árboles y se capacitan para desarrollar el proyecto que iría desde Cadena hasta el pueblo de Dinamita, que abarca siete kilómetros. Ese proyecto es viable y debe ser apoyado por el gobierno federal para sustituir un corredor tóxico que preveía fábricas de cianuro, sosa cáustica y amoniaco, empresas contaminantes. También puede tener un desarrollo agropecuario, porque antes los terrenos se dedicaban a la siembra de maíz y frijol. Y desarrollar la ganadería familiar de traspatio, que ayuda mucho a las familias.
Así, en pie de lucha, cumplió 3 años el campamento norte de resistencia a la fábrica de cianuro Chemours en la zona de Dinamita, Comarca Lagunera, norte de México que tuvo el mérito y la valentía de haber sido instalado el 23 de julio del 2020, en plena pandemia de Covid. El pasado domingo 23 de julio, se celebró que gracias a la acción directa de comunidades, la construcción de la proveedora de la minería a cielo abierto fue detenida y avanzó el desmantelamiento, pero no concluyó y la lucha sigue. A la conmemoración asistió el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera que bendijo los esfuerzos de las comunidades y las instó a seguir adelante contra el proyecto de muerte.
Esta lucha debe ser apoyada a nivel nacional e internacional, la exigencia es: Desmantelamiento total e inmediato y cese el hostigamiento. ¡Vida sí, cianuro no!
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