Elena Burns
El Economista. Martes 23 de Julio de 2024
“El agua paga el agua” es un principio de la Ley de Aguas Nacionales que, hasta la fecha, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha quedado lejos de efectuar. La Conagua reporta que en 2023 los usuarios del “régimen general” (usos industrial, agroindustrial, servicios y comercio) solo declararon 951 millones m3 de los 4,360 millones m3 que aparecen en el Registro Público de Derechos al Agua (REPDA) para estos usos. Este mismo año la Conagua recaudó $12,374 millones para estos usos, cuando el monto debido, según las zonas de disponibilidad correspondientes, fue $55,571 millones. (Vea XLS “Análisis de los volumenes y derechos a pagar por Zona de Disponibilidad”).
Si sumáramos la falta de pago por uso público urbano, generación hidroeléctrica y otros usos, así como por descargas, trasvases, la ocupación de zonas federales y la extracción de materiales pétreos, se estima que el monto no recaudado podría superar $60 mil millones de pesos anuales. Los ingresos totales recaudados en 2021 fueron 23 mil millones, y el presupuesto ejercido fue de $33 mil millones.
Desde sus inicios la Conagua dio mayor prioridad al otorgamiento de concesiones que a la recaudación de los derechos correspondientes. Fue hasta el año 2014 que la Conagua estableció el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes (PUUC), vinculado al RFC, para consolidar el registro de los pagos de derechos, sin contar con un mecanismo que obligue a los titulares históricos a registrarse. En los nueve años siguientes, la Coordinación General de Recaudación y Fiscalización (CGRF) de la Conagua logró el registro de solo 37,373 usuarios, el 12% de los 310,298 titulares. En 2022, la Conagua le informó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que solo 8,182 titulares pagaron derechos por el uso de aguas nacionales.
El PUUC de la CGRF no está vinculado al REPDA, en donde cientos de miles de concesiones dan seguridad jurídica a sus titulares en un ambiente de impunidad fiscal. De hecho, al interior de la Conagua, el Director General prohibió el acceso de Administración del Agua a las bases de datos de CGRF, requeridas para determinar si los solicitantes de nuevas concesiones, prórrogas y transmisiones, estuvieran al día con sus pagos de derechos.
El 9 abril 2020 la Conagua publicó en el DOF reglas generales obligando a todos los usuarios, excepto los usuarios agrícolas, a la instalación inmediata de medidores telemétricos. Al cierre de 2022, la Conagua reportó que solo 271 usuarios habían cumplido con esta obligación.
No solo ha faltado la voluntad requerida para la recaudación, sino se ha manipulado las Zonas de Disponibilidad para favorecer a ciertos usuarios, con consecuencias más allá que las fiscales. Como ejemplo, en 2019, la Conagua determinó que el Acuífero Área Metropolitana de Monterrey no estaba en Zona 1 (estrés hídrico, $23.5386 por m3) sino en Zona 2 (estrés moderado, $9.1113 por m3). Este cambio no solo redujo en $747 millones la obligación fiscal anual de los usuarios industriales, sino hizo que el Sistema de Aguas y Drenaje de Monterrey ya no podía vender aguas tratadas a estas industrias al costo de $14 por m3. La extracción de 52 millones m3 anuales de aguas subterráneas para usos industriales, representando el 55% del total, dejó a Monterrey aún más vulnerable frente a la crisis de 2022.
La Ley de Aguas Nacionales (Art. 29 Bis 3) permite extinguir los volumenes de las concesiones no declaradas y pagadas durante dos años consecutivos, y Ley Federal de Derechos (Art. 192 E X) establece que la Conagua podrá interrumpir el uso del agua al faltar el pago de derechos para uno o más trimestres, excepto en el caso de uso público urbano o doméstico. En el contexto de las crisis en Monterrey, CDMX y Estado de México, los usuarios industriales que estaban declarando volúmenes menores a los concesionados fueron invitados a “donar” estos volumenes temporalmente, a cambio de poder conservar sus derechos en su totalidad.
Sin consecuencias por el no pago, y con tarifas cada vez mayores debido al avance de las tarifas aplicadas en zonas de extremo estrés hídrico, el volumen declarado del régimen general desciende año con año, de 1373 millones m3 en 2011, llegando a 951 millones m3 en 2023.
La crisis del agua que azota a todo el país requiere aumentar los recursos disponibles para la planeación, la gestión de cuencas, la reducción y prevención de fugas, la medición de disponibilidad y calidad de las aguas superficiales y subterráneas, los proyectos que permitirán la transición hacia fuentes sustentables del agua, el uso óptimo de agua para riego, así como el combate a la contaminación y las tomas ilícitas. No tenemos el lujo de seguir tolerando la evasión fiscal en el pago de derechos al agua.
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