Rodrigo Llanes Salazar (*) Diario de Yucatán, 24 de julio de 2023
En febrero de este año, un tren de Norfolk Southern se descarriló en East Palestine, un pueblo de 4,700 habitantes en el estado de Ohio, Estados Unidos, derramando sustancias tóxicas como Acrilato de butilo, Éter Butílico de monoetilenglicol y Cloruro de vinilo, las cuales fueron quemadas por las autoridades para evitar una explosión.
De acuerdo con “The New York Times”, los habitantes “se han quejado de diversas afecciones y están preocupados por las consecuencias que pueda tener en su salud a largo plazo”.
Desde las primeras semanas a partir del accidente, diversas autoridades, estatales y federales, han acudido al lugar para atender la crisis. Por ejemplo, el Departamento de Recursos Naturales de Ohio informó que los contaminantes “se derramaron en algunos cuerpos de agua y afectaron casi 12 kilómetros de torrente”.
Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos informó sobre las sustancias tóxicas que transportaba el tren y señaló que las dioxinas liberadas y quemadas “pueden producir cáncer, interferir con las hormonas y causar daños a los sistemas reproductivo e inmunitario”.
La EPA también ordenó a Norfolk Southern que limpie la contaminación resultante y pague todos los costos.
Un par de meses después, el 3 de abril, un incendio alarmó a la población de Santa María Chí, una subcomisaría del municipio de Mérida, de alrededor de 490 habitantes, ubicada al oriente de la capital de Yucatán.
El 6 de mayo, vecinos de Santa María Chí entregaron un oficio al subcomisario Wilberth Nahuat, quien a su vez lo remitió al Ayuntamiento de Mérida, “por los inciendos que se están llevando a cabo en los terrenos de la granja San Gerardo, los cuales están afectando la salud de la población en general, por esta razón le pedimos su apoyo, que atienda esta situación con urgencia, que desde el 3 de abril empezaron con las quemas”.
Por otra parte, el 9 de mayo, los vecinos de Santa María solicitaron a Servicios de Salud de Yucatán (SSY) “su apoyo para enviar a la comunidad (...) personal de su cargo para supervisar o determinar si representa un peligro el humo que está generando la quema de montes dentro de una empresa que se dedica a la crianza de cerdos (...) no sólo es la quema del monte sino que estos contienen excremento seco que genera los cerdos y es para nosotros un olor desagradable a la nariz y garganta”.
Dos días después, el 11 de mayo, SSY respondió que el tema “es competencia del Ayuntamiento de Mérida, por lo cual se le invita a presentar su denuncia ante dicha Autoridad” (Oficio SSY/DPCRS/NOR/245/2023).
Entonces, los vecinos de Santa María presentaron su denuncia al Ayuntamiento. La respuesta que obtuvieron es que “no es tema del Ayuntamiento”.
El 19 de mayo, los vecinos enviaron otro oficio a Renán Barrera, presidente municipal de Mérida, con el asunto “Atención urgente y solicitud de postura ante a los hechos suscitados recientemente en la comisaría Santa María Chí”, señalando “la falta de atenciones a la comisaría” en lo “referente al tema de la contingencia por el humo derivados de la quema de excretas de cerdo provenientes de la granja operada por la empresa Grupo Porcícola San Gerardo”.
Asimismo, apuntan que “tenemos entre la población gente tanto adultos como niños entre los 7 meses y 10 años que han sido diagnosticados con asma, bronquitis, sinusitis, y una mujer de 63 años fue hospitalizada por síndrome de distrés respiratorio” (la mujer, según aclara el subcomisario, fue referenciada a hospitalización).
En su oficio, solicitan “obtener algún tipo de informe relativo al resultado de la revisión e inspección del lugar de los hechos que han realizado diferentes dependencias que se han apersonado en el lugar de los hechos”.
De manera similar a la población de East Palestine, las y los vecinos de Santa María Chí han externado sus preocupaciones por las afectaciones a su salud, las cuales ya se han manifestado en faringitis aguda, dolores de cabeza y varios problemas gastrointestinales.
La gran diferencia es que, hasta ahora, ninguna autoridad ha respondido al llamado de la población: no han explicado el origen de los incendios, sus posibles efectos en la salud humana y del medio ambiente, ni han pedido rendición de cuentas a los responsables. Representantes de la granja han negado que el fuego se haya originado en sus instalaciones, aunque no han emitido ninguna respuesta pública.
Ante la falta de respuesta de las autoridades, ciudadanas y ciudadanos de Santa María Chí iniciaron una protesta pacífica el 15 de mayo, organizando un campamento a 100 metros de la entrada de la granja porcícola. “Es una manifestación pacífica”, me comenta uno de los vecinos que acampa. “Nos pusimos a un costado del acceso principal, permitimos el libre tránsito, no obstruimos la vía pública, no retenemos ninguna persona y ningún vehículo”, añade.
A pesar de que la manifestación es pacífica, la granja porcícola respondió interponiendo una denuncia el 15 de mayo al subcomisario de Santa María Chí “por la comisión de hechos que analizados podrían configurar los ilícitos de privación de ilegal de la liberad” de trabajadores de la granja, con la respectiva orden de que no pueda acercarse a la granja. Esta es una medida de criminalización de la defensa de derechos humanos que se está volviendo cada vez más común en Yucatán, tal como lo indican los casos de Sitilpech y Chapab.
En todos estos casos, ciudadanas y ciudadanos han denunciado las afectaciones provocadas por las granjas porcícolas, como los malos olores, la contaminación del agua y los problemas de salud. La respuesta de las granjas ha sido la criminalización; la del gobierno estatal, el silencio.
El caso de Santa María Chí se dio a conocer gracias a las publicaciones en redes sociales por parte de las y los vecinos de la subcomisaría, quienes han reportado en diversas ocasiones los incendios y las afectaciones a la salud, así como las omisiones de las autoridades.
Asimismo, el caso ha cobrado visibilidad a partir de reportajes de periodistas como Patricio Eleisegui y Katia Rejón. El caso de Santa María también fue incluido en el reciente informe que el Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán entregó a la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte.
En un artículo publicado el pasado 23 de mayo, Eleisegui escribió que la granja de San Gerardo, una “mega instalación porcícola en la que hoy se engordan más de 43 mil cerdos”, inició operaciones a mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, “con un tamaño por demás reducido”.
La granja, anota Eleisegui, es aparcera de la empresa Kekén y ha contaminado “todas las fuentes de agua de la comunidad”. Asimismo, de acuerdo con Eleisegui, fueron los directivos de la granja quienes “decidieron prender fuego a toneladas de excretas resecas de cerdo”. Fue este humo tóxico el que “originó un abanico de dolencias respiratorias y otros problemas de salud entre las y los vecinos de Santa María Chí”.
Por su parte, en un artículo publicado el 28 de mayo, Katia Rejón reporta que “desde hace dos meses [vecinas y vecinos de Santa María Chi] están enfermas de rinitis, faringitis agudas, sinusitis, bronquitis y problemas estomacales provocados por la contaminación e incendios de la megagranja porcícola de 178 hectáreas, San Gerardo” (según otras fuentes, la granja es aún más grande, de 221 hectáreas).
Rejón también señala el problema de la contaminación del agua. Al respecto, cita un testimonio de la comunidad: “en unos años nuestra agua va a ser veneno. No se puede usar para lavar, bañar, ni para regar. Mira de qué color ya están las aguas”.
Con el acompañamiento del Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán, se realizó un análisis microbiológico de agua de pozo de la comunidad cercana a la granja para determinar el índice de coliformes fecales. El estudio indica que “el resultado para la muestra proporcionada, se encuentra FUERA de los parámetros del límite máximo permisible para el agua de uso y consumo humano establecido en el punto 5.1.5.1.2 de la NOM-201-SSA1-2015”. El resultado fue de 8.0 NMP/100 mL, cuando el límite de la norma oficial es de 1,0 NMP/100 mL, es decir, 8 veces por arriba de la norma.
“El Ayuntamiento de Mérida está haciendo caso omiso”, me comenta un vecino de Santa María. La población continúa con la grave preocupación sobre la salud de la población, del posible crecimiento de la granja, de posibles nuevos incendios.
Las autoridades del Ayuntamiento de Mérida y del Gobierno del Estado deben de dar respuesta a las solicitudes de Santa María Chí, informar sobre la contaminación del agua, suelo y aire, sobre las afectaciones a la salud, atenderlas y prevenirlas. También debe de exigir reparación de los daños a los responsables de los incendios y de la contaminación.
Mientras tanto, las y los vecinos de Santa María Chí continúan con su protesta pacífica, en un campamento en el que participan alrededor de 60 mujeres y hombres, jóvenes y adultos mayores. “Nuestra intención es ver por la salud de nuestros hijos, nietos, sobrinos, por los abuelitos”, comenta uno de los vecinos de Santa María. Por ello, el próximo 20 de agosto celebrarán la “Kermés en defensa del agua y de la vida Santa María Chí”, a la que invitan a la población de Mérida y de otros municipios a conocer más sobre la situación de la comunidad. Problemas como la contaminación del agua y las afectaciones a la salud conciernen no sólo a Santa María Chí, sino a toda la población del estado.— Mérida, Yucatán.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM
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