Foto: Guardianes de San Miguelito publicada en La Coperacha
Julio César Ramírez. El Siglo de Torreon. 19 octubre de 2024
En su encuentro constitutivo, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua celebró el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de construir el Acuerdo Nacional para la Seguridad y la Sustentabilidad del Agua, el cual busca corregir los graves problemas sociales y ambientales causados por el sistema de concesiones de agua que es privatizador y se apoya en la salinista, neoliberal, Ley de Aguas Nacionales.
Estamos de acuerdo -dijo en su primera declaración pública- con la propuesta de la presidenta Sheinbaum de no permitir la compra y venta de derechos asociados con las concesiones -mercados de agua- ni el cambio en los usos del agua -transmisiones de derechos que afectan los usos doméstico y urbano y el caudal ecológico-.
Proponemos -agregó- se otorguen vigencias máximas a las concesiones y asignaciones destinadas a garantizar el derecho humano al agua, la alimentación y la restauración ecológica, y vigencias mínimas a proyectos o actividades que sean dañinas a la salud humana y de los ecosistemas y afecten la calidad y cantidad de agua disponible.
Confiamos -añadió- en que el Acuerdo Nacional incluirá el reconocimiento de los derechos al agua de los pueblos indígenas y afromexicanos en el contexto de las reformas al artículo 2 constitucional, así como de los derechos de los núcleos agrarios, los cuales fueron inconstitucionalmente desconocidos por la Ley de Aguas Nacionales expedida en 1992 y vigente hasta la fecha.
La Contraloría Nacional Autónoma del Agua se constituyó el 12 de octubre en San Luis Potosí, con 84 contralorías autónomas del agua de 28 estados de la República y la Ciudad de México.
Nos comprometemos -dijeron- con procesos de planeación desde cada región del país, para consensuar estrategias que eviten el sobreconcesionamiento y despojo de agua a los pueblos, comunidades y ejidos, así como la proliferación de tomas y pozos profundos clandestinos, que resultan en violación sistemática de nuestros derechos humanos y colectivos.
En particular, la Contraloría Nacional Autónoma señaló que el número de concesiones y volúmenes de agua asignados a personas físicas y morales ha crecido a niveles exponenciales, lo que conlleva a su acaparamiento a través de la sobreexplotación de las aguas subterráneas, la afectación de los caudales de manantiales y ríos y el deterioro de los ecosistemas -acuáticos, terrestres y costeros- y otros cuerpos de agua, como lagos, cenotes, manglares y lagunas costeras.
Este escenario de crisis del agua -observa- es aún más complejo con los efectos del cambio climático en los recursos hídricos -cambios en el patrón de precipitación y presencia de eventos extremos como sequías e inundaciones-, lo que nos hace aún más vulnerables.
Esta contraloría señaló la necesidad del reconocimiento jurídico de los sistemas comunitarios de agua que históricamente han garantizado el disfrute del derecho humano al agua de miles de pueblos y comunidades en todo el país.
Demandó también el apoyo del gobierno federal para que se evite la discriminación, hostilidad e intentos de desaparición de estas instituciones locales por parte de los gobiernos municipales.
Afirmó que los sistemas comunitarios están realizando funciones que el Estado no cumple -el abastecimiento de agua en zonas rurales y periurbanas- y por tanto requieren ser reconocidas como sujetos colectivos de derecho público.
Este organismo contralor del agua celebró el compromiso de la presidenta Sheinbaum con el saneamiento y la restauración de los ríos Lerma-Santiago, Tula-Salado y Atoyac.
Las comunidades, organizaciones sociales y academia que integran esta contraloría -dijeron- "ofrecemos nuestro apoyo y conocimiento para un entendimiento más profundo de los problemas del agua".
Nuestros productos de investigación transdisciplinaria -precisaron- que hemos realizado en coordinación con los Programas Nacionales Estratégicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología -Agua, Agentes Tóxicos, Sistemas Socioecológicos, entre otros- demuestran el tipo de sustancias tóxicas presentes en esos ríos, así como de las dinámicas productivas y del manejo de aguas y lodos residuales municipales e industriales contaminantes.
Las estrategias que proponemos -dice- se basan en la eliminación de contaminantes en su punto de origen, en la reorganización y regulación ambiental de cadenas de suministro y patrones de producción sucia; en la transición hacia una agricultura sin tóxicos, en el tratamiento y reúso de aguas industriales, así como en el fin de la impunidad y la corrupción.
Este primer comunicado, de 5 páginas, termina con el siguiente párrafo:
"Para ello demandamos una nueva Ley General de Agua con visión amplia de los derechos humanos y colectivos y nos oponemos a reformas y enmiendas de la actual Ley de Aguas Nacionales por su inviabilidad en términos sociales y ambientales e incapacidad para resolver los problemas y crisis del agua en el país".
@kardenche
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