Antonio Vital Galicia
El 6 de octubre el presidente anunció que en dos semanas presentará el Plan Nacional de Salud de la 4T, esto es el reconocimiento, a la falta de resultados del Acuerdo para el acceso efectivo para los servicios médicos suscrito en diciembre del 2018 en Mérida, al fracaso en la estrategia para el abasto de medicamentos, a las contradicciones en los programas de salud presentados por su gabinete y a la carencia de instrumentos para impulsar compromisos y definiciones del ejecutivo federal, como es la inexistencia del Instituto de Bienestar para la salud aunque ya tiene director nombrado desde abril pasado.
Los recorridos del Señor presidente por unidades del IMSS bienestar confirman las carencias del sector salud y las irregularidades en la plantilla laboral ya conocidas, pero no basta esta constatación. Superar la Incapacidad de directivos y corregir estrategias es un desafío del gobierno actual. El IMSS PROSPERA que cubre el 8% de la población no puede ser la base de la universalización de los servicios de salud.
La basificación y homologación, y el abasto de medicamentos para lo que se asignaron 22 mil millones adicionales no se han expresado en las unidades de salud de los ocho estados del sur del país signatarios del acuerdo, al igual que en el resto de la república, no se observa ningún cambio, por el contrario continúa el incumplimiento del pago al personal que no es de base, se mantienen nóminas abultadas, no se ha basificado a ninguno de los más de 80 mil trabajadores y trabajadoras de contrato y existe la desigualdad laboral y económica cuando menos en 150 mil empleados con nombramientos diferentes a los de base.
Es clara la importancia, para el gobierno, del cuidado de la salud de los mexicanos, sin embargo los funcionarios responsables del sector no han estado a la altura de las definiciones y compromisos presidenciales. Los servicios continúan con el rezago de personal y el grave atraso en el abasto de medicamentos que se comenzó a subsanar en el 2º semestre de este año; incluso a las unidades de salud afectadas por los sismos del 2017, no se les ha dado la prioridad que requiere, con un alto impacto en la salud y la vida de los mexicanos.
Cubrir la plantilla de personal para la atención oportuna y resolutiva, pasa por la implementación de un programa de profesionalización y homologación laboral. Es indispensable asegurar el desarrollo profesional y derechos plenos a los 300 mil trabajadores reconocidos en la SSA y auditar la nómina de más de 100 mil plazas contratadas por los gobiernos estatales y directivos de salud al margen de la legislación laboral con la complicidad de los líderes sindicales corruptos. Además de la estabilidad en el empleo se requiere la concordancia entre el nombramiento, la función, el salario y el desarrollo profesional revisando el catálogo de puestos, el tabulador salarial, el profesiograma y la capacitación en servicio.
El reto del nuevo gobierno es asegurar el funcionamiento de las instituciones del sector, corrigiendo las irregularidades y erradicando la corrupción.
Para diseñar el proyecto de salud que requiere el país, es indispensable contar con la participación de los trabajadores del sector, de la academia y la sociedad. Solo con la participación democrática se podrá revertir el modelo neoliberal que mercantiliza este derecho social y degrada la función pública. El 23 de octubre los trabajadores de la salud asistirán a la sede de la SSA, esperando al presidente para la presentación del nuevo programa de salud para la vida.
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