El uso agrícola es el más concesionado. (AP Foto/John Froschauer)
Dulce Olvera Sinembargo. 6-10-2024
En los siguientes días, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentará el Acuerdo Nacional por la Seguridad y Sustentabilidad Hídrica, que incluye un programa para ordenar las concesiones y la tecnificación de distritos de riego agrícola. Pero detrás, hay podersosos grupos de interés, advierte la activista Elena Burns.
Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– El Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo proyecta un reordenamiento en la gestión hídrica: pasar de la sobreexplotación de acuíferos iniciada con la ley salinista que generó un caos en la entrega de concesiones a un manejo circular y de rehuso.
Sin embargo, el reto no será técnico ni de presupuesto, sino de mano dura contra un grupo de caciques que controla los distritos de riego agrícola, el 67 por ciento de las aguas concesionadas, observó Elena Burns, integrante de Agua para Todos.
Burns fue Subdirectora de Administración del Agua en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hasta noviembre de 2022 en que fue cesada. Su equipo estaba ordenando los 170 mil trámites para concesiones rezagados que heredaron de la administración peñista, para así poder priorizar el otorgamiento de volúmenes para el consumo humano y uso agrícola de ejidatarios.
Desde ahí identificó como a los principales acaparadores-especuladores a la industria inmobiliaria, los bancos, distritos de riego, agroindustrias y personas físicas que han logrado obtener más de un millón de metros cúbicos anuales para uso agrícola, un uso exento de pago de derechos que después se puede vender para uso industrial u otro lucrativo.
En los siguientes días, la Presidenta Sheinbaum presentará el Acuerdo Nacional por la Seguridad y Sustentabilidad Hídrica, que estará basado en reformas legales, y que representa un paso importante para empezar a “corregir el caos que hay en el país en cuanto al reparto de concesiones” de aguas superficiales y subterráneas que ocurrió a partir de la Ley de Aguas Nacionales (1992) que “ve el agua como mercancía”, y que no se ha logrado sustituir con la Ley General de Aguas, la cual busca el acceso al derecho humano al agua, pero sigue congelada en el Congreso.
“Aquí hubo un reparto masivo sin plan, sin estudios de disponibilidad, sin prioridades, era primero quien llegaba obtenía su concesión hasta agotar existencias y ahora estamos ante una situación de crisis hídrica”, evaluó Burns.
La Ley General de Aguas que busca el acceso al derecho humano al agua está congelada en el Congreso por grupos de presión como los de distrito de riego.
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) detectó en el estudio “Los millonarios del agua” que más de 3 mil grandes usuarios privados acaparan las concesiones otorgadas por la Conagua, entre ellos, Kimberly Clark y Banco Azteca, empresas de los millonarios Claudio X. González Laporte y Ricardo Salinas Pliego, así como FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala, las mineras GoldCorp, y Buenavista de Grupo México, propiedad del otro millonario Germán Larrea Mota-Velasco. Un mismo usuario puede tener varias concesiones a nombre de parientes, socios y/o prestanombres, como en el caso de la Coca-Cola y la familia Tricio de Grupo Lala.
“Y lo que la Presidenta mencionó fue economía circular aplicado al agua. Se puede usar el agua vez tras vez, no se vuelve infinita, pero definitivamente sabemos que la escasez es provocada. Podremos tener abundancia de agua en cualquier parte del país si le damos el trato y rehúso todas las veces posible, algo que sabemos en casa cómo hacerlo. Eso es lo que vamos a estar haciendo como país por esta visión que proyectó la Presidenta”, aseguró la activista.
Un claro ejemplo de la oportunidad de rehusar el agua es la zona de Tula, Hidalgo, donde el Gobierno de Sheinbaum planifica la instalación de plantas de tratamiento de agua para sanear el río Tula –contaminado por aguas negras de la CDMX–, plantas de reciclamiento de basura y plantas de generación eléctrica con fuentes renovables.
Proyección de un mensaje en el que se lee “aquí se produce energía sucia”, en la Termoeléctrica de Tula, Hidalgo. Foto: Greenpeace México vía EFE.
Se trata de uno de los denominados “infiernos ambientales” dada la presencia de corredores industriales –incluyendo cementeras, la refinería de Pemex y la termoeléctrica de CFE– cuyas emisiones y residuos químicos han contaminado el aire y el agua, lo que a su vez ha provocado diversas enfermedades respiratorias o cáncer a la población. Asimismo, es la zona que recibe las aguas negras del Valle de México, mismas con las que se riegan cultivos.
“Esta circularidad permite aprovechar al máximo el agua de cada cuenca de tal modo que los de Hidalgo estarían recibiendo el agua (del Edomex, de la CDMX), tienen muchos problemas también de acceso a agua potable. En la cuenca de México ya se ha iniciado desde hace meses un proceso para estar viendo cómo aprovechar el agua de la cuenca. También está trabajando esta circularidad en la cuenca Lerma. Es un proceso de transición, no va a ser inmediato, pero al señalar Tula está señalando una de las inequidades más graves en el país. La contaminación en Tula significa la muerte y son muertes silenciosas porque es cáncer, es enfermedad en niños”, aseguró Elena Burns.
CONTROL DE DISTRITOS DE RIEGO
El sector agrícola es el que más volumen de agua utiliza en comparación al uso doméstico e incluso industrial, pero la falta de tecnificación ha provocado la fuga de miles y miles de metros cúbicos. El Gobierno de Claudia Sheinbaum proyecta tecnificar más de 200 mil hectáreas de riego en 13 distritos prioritarios: Baja California, Sinaloa, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Coahuila, Durango y Tamaulipas.
No obstante, el reto está en reordenar el “control de distritos” por parte de ciertos grupos que Elena Burns diagnosticó cuando trabajaba en la Conagua, pero fue despedida tras intentar limitar el reparto de concesiones. Si no hay profundos cambios al interior de los Distritos de Riego, advirtió, la inversión en tecnificación no terminará con el despojo de ejidatarios y el enriquecimiento de grupos caciquiles. Su bloque de poder en la Cámara de Diputados ha obstaculizado la aprobación de la Ley General de Aguas.
Desde 1993, la Conagua promovió que los módulos de los Distritos de Riego formaran asociaciones civiles. Desde entonces, las mesas directivas de las A.C. han controlado la distribución del agua y sus padrones de usuarios, manejan las cuotas de autosuficiencia recolectadas de los usuarios. Las mesas directivas de las A.C.s fueron agrupadas en Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.).
“La tecnificación del riego tiene mucho sentido porque los distritos de riego en este momento tienen concesionados un tercio de todas las aguas subterráneas y superficiales de la nación. Es una oportunidad y es un reto porque la Ley de Aguas Nacionales puso la infraestructura federal en manos de los usuarios, pero a través de Sociedades de Responsabilidad Limitada, dentro de las cuales han surgido grupos muy restringidos que están controlando quién tiene acceso, quién no”, explicó Burns.
Cuando llegan recursos federales a esas Sociedades, no hay transparencia en su manejo y los que controlan el agua terminan vendiendo-rentando los excedentes (a inmobiliarias, siderúrgicas, la CFE, entre otros).
“Eso ocurre en todo el país. En La Laguna se acaba de publicar que 20 mil hectáreas están siendo regadas con agua del 017 en La Laguna fuera de la limitación del Distrito de Riego. Lo mismo pasa en cuanto al Distrito de Riego 041 en la zona colindante de los yaquis, ese distrito de riego renta agua a los yaquis. Esas dinámicas históricas y sociales se van a tener que corregir”, planteó.
Dulce Olvera
Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.
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