Los cambios impulsados buscan proteger la biodiversidad del maíz nativo; preservar un patrimonio cultural único, así como garantizar la soberanía alimentaria y la salud de la población
La sociedad mexicana dio un paso histórico al conseguir que la Constitución prohíba la siembra de maíz genéticamente modificado en su territorio, una medida que generó amplio debate entre sectores agrícolas, científicos, ambientalistas y la sociedad en general. La batalla, sin embargo, no ha concluido.
Los cambios a los artículos 4 y 27 Constitucionales, impulsada por el gobierno federal y respaldada por organizaciones civiles y campesinas, busca proteger la biodiversidad del maíz nativo; preservar un patrimonio cultural único, así como garantizar la soberanía alimentaria y la salud de la población.
Más aún, busca salvaguardar uno de los rasgos identitarios que cohesionan a la nación. “Sin maíz, no hay país”, el grito de batalla en las protestas campesinas, da cuenta, en efecto, de que la preservación de la planta es un asunto de seguridad nacional para México.
Y es que la siembra en territorio mexicano de maíz genéticamente modificado, creado por trasnacionales como Bayer-Monsanto, DevGen-Syngenta, entre otras, terminaría por contaminar y extinguir las variedades de maíz nativo. Es decir, se perderían las razas de la gramínea en la nación que es el centro de origen de la planta.
Ahora la disputa se trasladará a las reformas de las leyes secundarias y, posteriormente, en la interpretación de la normativa en su conjunto. La apuesta de las trasnacionales es que la aplicación de la reforma constitucional resulte inviable y, en los hechos, sea “letra muerta”, es decir, que no se aplique. Le anima un negocio por casi 6 mil millones de dólares anuales sólo en maíz forrajero.
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Las organizaciones campesinas, aglutinadas en la coordinación Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, reconocen la “apertura” de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. El primer borrador de la enmienda constitucional, enviada a principios de 2025, sólo había sido consensuado entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y los grandes empresarios y representantes de las trasnacionales.
Mercedes López Martínez, representante común de la Demanda Colectiva Maíz y directora de la Asociación de Consumidores Orgánicos, destaca la “receptividad de Claudia Sheinbaum ante la carta que envió Sin Maíz No hay País”.
Con ella se abrió la discusión de la iniciativa, cuando parecía que las trasnacionales de la biotecnología conseguirían un propósito largamente anhelado: abrir el mayor mercado mundial de maíz e inundarlo con sus variedades patentadas.
Cabilderos de trasnacionales pierden el debate
La publicación del decreto de reforma, en el Diario Oficial de la Federación este 17 de marzo, concluye un proceso que data del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La posición de las comunidades indígenas y campesinas, centros de investigación y defensores del medio ambiente se contrastó con la de trasnacionales de la biotecnología y del gobierno de Estados Unidos.
Miles de personas participaron en los diálogos auspiciados por el Congreso mexicano, lo que neutralizó las gestiones de los representantes de las multinacionales.
En los foros de debate, los representantes del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la cámara empresarial de la alta burguesía agrícola mexicana, “fueron ‘apabullados’ por los representantes de las organizaciones campesinas y por los científicos”, celebra López Martínez. Ganaron claramente el debate quienes se oponen a la siembra y consumo de maíz genéticamente modificado.
El CNA dio cobijo a cabilderos de intereses extranjeros y los incorporó a las mesas de diálogo. Incluso fueron recibidos por legisladores cuando las mesas de debate ya habían concluido.
“Sin maíz, no hay país”, el grito de batalla en las protestas campesinas
Un ejemplo ocurrió el 17 de febrero, en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. “Voceros de Monsanto y trasnacionales que se hacen pasar por ‘sociedad civil’ fueron ingresados a la reunión” con organizaciones campesinas, informa Mercedes López Martínez.
Presente en la reunión, la doctora en Estudios Latinoamericanos con especialidad en Medio Ambiente, Cambio climático y Soberanía Alimentaria, señala que inclusive acudió a la reunión el empresario Juan Cortina Gallardo, hasta ese día presidente de la CNA, y otros integrantes de la industria de la masa y la tortilla.
La bióloga Érica Hagman Aguilar, quien hasta el 31 de diciembre pasado se desempeñó como directora de políticas y normativa en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), cuestiona la intromisión de las trasnacionales en las discusiones que corresponden a la sociedad mexicana.
“¿Qué están haciendo los representantes de las empresas, a veces directamente, o disfrazados de organizaciones en los diálogos con las autoridades?”. Se refiere Proccyt y Agro-Bio, asociaciones financiadas por Bayer-Monsanto y Syngenta. “Esas personas son en realidad representantes del oligopolio industrial y se hacen pasar por representantes de la sociedad civil’”.
Y es que recuerda Mercedes López: Bayer-Monsanto destina decenas de miles de dólares al “cabildeo” y a campañas para promover la siembra de organismos genéticamente modificados. Por ello, la aprobación de la protección de las variedades nativas del maíz fue un logro en un contexto de presión del gobierno estadounidense sobre el mexicano.
Diferencias internas
La aprobación de la iniciativa, sin embargo, no fue del todo tersa. Mostró las diferencias al interior del propio gobierno de Claudia Sheinbaum. El 10 de marzo pasado Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, sostuvo en Estados Unidos una reunión con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins.
Luego del diálogo, el mexicano envió por la red social X un mensaje, en inglés y español, que causó malestar entre las organizaciones campesinas:
“La reforma constitucional para proteger los maíces nativos aprobada por el Congreso de México se refiere exclusivamente al cultivo en nuestro país de determinados tipos de variedades OGM [organismos genéticamente modificados]. La reforma no afecta de ninguna manera la exportación a México de maíz OGM de otros países.”
“¿Por qué declara eso el secretario? ¿No le queda claro lo que establece la reforma?”, condena David Rivero Fragoso, abogade de la Demanda Colectiva Maíz e integrante de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País. Recuerda que la reforma “abarca todo el universo de los maíces genéticamente modificados”.
Considera que ni siquiera hay espacio a la interpretación diversa de la ley. “Para que no haya controversia en cuanto a definiciones, la reforma establece cuál es la definición de maíz genéticamente modificado”.
En el texto constitucional se establece ahora que el maíz que se siembre en “el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas”.
En efecto, la definición deriva del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. El instrumento firmado por 170 países, pero no por Estados Unidos y Canadá, señala que un organismo genéticamente modificado es “cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna”.
Una ley que no sea “letra muerta”
Las interpretaciones sobre la reforma anticipan que la batalla no está concluida y las trasnacionales, con aliados dentro del gobierno mexicano, buscarán, al menos, que México permita la importación de maíz transgénico tanto para consumo humano como animal.
Más aún, cuando la prohibición del ingreso de maíz genéticamente modificado para consumo humano no es literal.
Érica Hagman, hoy investigadora independiente, advierte que la reforma podría ser sujeta interpretación según los criterios de las autoridades en turno. “No se habla de que la alimentación humana debe de ser libre de maíz transgénico”.
Por ello, David Rivero Fragoso señala que las leyes secundarias y los reglamentos de las entidades de la Federación deberán ser armonizados con la nueva reforma. De éstos dependerá el cumplimiento de los artículos reformados.
Los cambios constitucionales promulgados este 17 de marzo se traducen en cinco ejes de obligada observación:
1) Prohibición total de la siembra de maíz genéticamente modificado: Se prohíbe la liberación al ambiente, incluyendo la siembra, cultivo o cosecha de todo tipo de maíz genéticamente modificado en todo el territorio nacional.
2) Protección de las variedades nativas: Se establecen medidas para preservar y fomentar el uso de las variedades de maíz nativo, con prácticas agrícolas tradicionales y sostenibles.
3) Fomento a la investigación científica: se promueve el mejoramiento genético convencional y la agroecología, con el objetivo de aumentar la productividad y resiliencia del maíz sin recurrir a la modificación genética.
4) Regulación de importaciones: Si bien no se prohíbe la importación de maíz transgénico para consumo humano y animal, se establecen controles más estrictos para garantizar su seguridad y etiquetado adecuado.
5) Sanciones por incumplimiento: Se establecen multas y otras sanciones para quienes violen las disposiciones de la ley, incluyendo la siembra ilegal de maíz transgénico.
En la interpretación a la normativa resalta que no se haya promovido el consumo humano de maíz genéticamente modificado. Sin embargo, las organizaciones campesinas observan que sólo podrán autorizarse las compras de aquellos maíces con riesgo cero a la salud de la población y del medio ambiente. Ningún maíz genéticamente modificado es seguro y, por ello, en los hechos, estará prohibido, aseguran.
Garantizar el abasto de maíz no transgénico para la industria alimentaria y pecuaria requerirá fortalecer la producción nacional y establecer mecanismos de verificación y certificación
Al respecto, Rivero Fragoso argumenta que, más allá de la siembra, cualquier otro uso del maíz genéticamente modificado sólo puede autorizarse mediante una evaluación de riesgos. Ello incluye el consumo. “Entonces se tendría que probar que, por ejemplo, los maíces que se fueran a importar de otros países, como Estados Unidos, no van a generar un riesgo a la salud de las personas o al medio ambiente”.
Además, una evaluación de riesgos debería considerar los hábitos de consumo de México y no basarse en los de Estados Unidos, aclara. “Tiene que cumplir con el análisis de riesgo cero, es decir, tiene que estar libre de amenazas. Si hacemos una interpretación armónica justo de ese artículo, es bastante claro que cualquier otro uso, como lo es el consumo, incluso hasta para la alimentación de los animales, tiene que evaluarse. Es, prácticamente, una prohibición implícita”.
La bióloga Érica Hagman considera que las leyes secundarias deben ser armonizadas “cuidadosamente”, previa revisión “crítica y profunda”. Lo que hoy establece reforma constitucional es que cualquier otro uso del maíz genéticamente modificado debe someterse a evaluaciones de riesgo. El problema es que éstas se basan en criterios generales que no están adaptados, contextualizados, a las condiciones de países como México.
Recuerda que, a nivel internacional, instrumentos como el Codex Alimentarius y el Protocolo de Cartagena fueron cabildeados por el oligopolio agroindustrial. Mientras, en el ámbito nacional, se deberán reformar todas las normativas en la materia porque fueron creadas durante el periodo neoliberal.
“La Ley de Bioseguridad es la ‘Ley Monsanto’. Seguimos bajo esa ley, que no ha sido actualizada desde el 2005. Tiene 20 años que no se actualiza y la biotecnología ha avanzado muchísimo. También se debe revisar y actualizar en esta materia leyes como la General de Salud, la de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Todas esas leyes, hay que decirlo, son del período neoliberal.”
Asunto de seguridad nacional
México es reconocido como el centro de origen y diversificación del maíz, con más de 60 variedades nativas que han sido cultivadas y conservadas por comunidades indígenas y campesinas durante 11 mil años. Sin embargo, en las últimas décadas, la introducción de maíz modificado genéticamente para tolerar herbicidas ha generado preocupación por sus posibles impactos en la biodiversidad, la contaminación de variedades nativas y los efectos en la salud humana.
Desde 2013, organizaciones ambientalistas y grupos campesinos han promovido una serie de amparos legales para impedir la siembra de maíz transgénico en el país. Estas acciones judiciales lograron suspender temporalmente los permisos para su cultivo comercial, aunque no se prohibió su importación para consumo humano y animal. La nueva ley viene a consolidar estas demandas y a establecer un marco legal claro que prohíbe de manera definitiva la siembra de maíz genéticamente modificado en territorio nacional.
La aprobación de esta ley ha sido celebrada por organizaciones campesinas, como las que convergen en Sin Maíz No Hay País, ambientalistas, como Greenpeace y Semillas de Vida, así como por comunidades campesinas e indígenas, quienes consideran que es un paso fundamental para proteger la riqueza genética del maíz y garantizar la soberanía alimentaria del país.
Por otro lado, la industria biotecnológica y algunos sectores agrícolas han expresado su desacuerdo. Alegan que la prohibición limita las opciones para aumentar la productividad y competitividad del campo mexicano. Empresas como Bayer-Monsanto insisten, sin presentar evidencia científica, en que los cultivos transgénicos son seguros y pueden coexistir con las variedades nativas.
La implementación de la nueva ley, sin embargo, plantea varios desafíos. Por un lado, México depende en gran medida de las importaciones de maíz, principalmente de Estados Unidos, donde la mayoría del cultivo es transgénico. Garantizar el abasto de maíz no transgénico para la industria alimentaria y pecuaria requerirá fortalecer la producción nacional y establecer mecanismos de verificación y certificación.
Además, será necesario impulsar políticas públicas que apoyen a los pequeños productores de maíz nativo, quienes enfrentan el cambio climático, la falta de acceso a tecnología y la competencia desleal de productos importados. La ley también deberá ser acompañada de campañas de concientización para informar a la población sobre los beneficios de consumir maíz nativo y los riesgos asociados a los transgénicos.
Para la bióloga Érica Hagman, la mayor defensa de los maíces nativos ocurre en el surco y en la mesa. En el primer caso, cuando los campesinos dicen no a los transgénicos y siembran las variedades nativas del maíz, mejoradas naturalmente en un proceso que se transmite de generación en generación. El segundo, cuando las familias optan por preparar tortillas, tamales, pozole y las innumerables presentaciones con la cosecha de las comunidades campesinas y no con el producto empaquetado de la trasnacional.
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