Por Mouris Salloum George (*)
Culiacán, Tijuana, Ciudad Juárez, Laredo… ad perpetuam.
Aguililla, Jojutla, Iguala, Tlatlaya, Ayotzinapa, San Fernando, Cuauhtémoc, Acteal, Aguas Blancas, Casco de Santo Tomás, Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México.
No hay sendero mexicano en el que no veamos cruces y memoriales luctuosos como mojoneras del agreste y enlutado paisaje nacional.
Desde la época de la guerra sucia de los sesenta-ochenta, el clamor está en las calles, en libros, en voces de la Sociología: Nunca debió haber pasado; nunca más. Vivos se los llevaron; vivos los queremos.
Sinaloa, desde la Operación Cóndor de los setenta; Chihuahua, Veracruz, Guerrero, Michoacán, estado de México, aparecen menos en las guías turísticas y más en las crónicas de sangre.
En estricto rigor, la estadística oficial corresponde a verdades históricas, devenidas crueles mentiras. Los otros datos apenas se procesan, pero ya se cuentan por miles los hallazgos en fosas y cementerios clandestinos. Las morgues de los servicios médicos forenses están repletas.
Hace tres días, la Medalla Belisario Domínguez, otorgada con toda justicia a doña Rosario Ibarra de Piedra quedó, en lejanía de la galardonada, en manos del Presidente.
Ya están en vivo, en directo y a todo color
No fue mera ocasión: La continuidad de las masacres está en la orden del día y cientos de criminales siguen en las calles repitiendo sus ruines hazañas, que ahora merecen teleseries televisivas financiadas con dinero de los contribuyentes.
¿Quién pone la mirada en las causas originales de la barbarie? Las de naturaleza socioeconómicas. Pocos. Muchos son los que reclaman ahora cabezas de responsables de la Operación Tres Ríos, Culiacán, porque, “en un rapto de debilidad”, renunciaron a perpetrar una nueva matanza.
A finales del sexenio de Felipe Calderón, algunos notables de esos muchos circularon un papel para comprometer a los periodistas y editores de medios de comunicación a la autocensura de temas relacionados con la violencia criminal.
Ahora gimotean, coléricos, porque el gobierno no da información oportuna y veraz sobre lo que ocurrió en Culiacán. ¿Quién los entiende?
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
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