Manuel Fuentes. Silla Rotal 1/10/2024
La política laboral que implementará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está llena de retos debido a que el legado que deja el expresidente López Obrador es la austeridad en las instituciones de trabajo dice Manuel Fuentes.
Recorriendo los parques industriales de Nuevo Laredo, reflexionaba sobre la política laboral que implementará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual está llena de retos. El principal legado que deja el expresidente López Obrador es la austeridad en las instituciones de trabajo que empañan sus resultados.
Es como si llegara al taller mecánico, la nueva presidenta, a revisar cuál es el estado de la política laboral como si fuera un automóvil y le informan que tiene las llantas desgastadas a punto de ponchadura, el sistema eléctrico funciona a la mitad, poco aceite, los frenos desgastados, y seguro la siguiente verificación no la pasa.
No es fácil emprender programas de gobierno cuando no se tiene suficiente personal o salarios suficientes para su propio personal encargado de aplicar acciones de protección laboral. Lastimosamente tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral enfrentan esos problemas de abandono presupuestal. La presidenta recién llegada deberá atender esos pendientes, porque son reclamos constantes, que no les dieron atención en la administración anterior.
Instituciones como el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que atiende todos los conflictos del gobierno federal, en sus tres órdenes, ejecutivo, judicial y legislativo, además de una carga injustificada de trabajadores de la Ciudad de México, hace de esta institución la más desatendida en mejoras salariales y con personal insuficiente. Es una institución que depende de la Secretaría de Gobernación, donde su titular hace hasta malabares para enfrentar tantos problemas.
Los juzgados laborales, que como juguetes nuevos empezaron a funcionar, ahora padecen sobrecargas de trabajo. Se teme que esta reforma judicial meta en el congelador las necesidades presupuestales, es otro de los retos de la nueva presidenta.
Es innegable también el abandono en que se dejan las Juntas de Conciliación y Arbitraje que los mismos administradores de la política laboral prevén que ante la escasez de recursos, sus puertas se cerrarían hasta el año de 2036, en el mejor de los casos. Por lo que, en su política laboral no deben ser excluidas estas instituciones, por el bien de los trabajadores quienes siguen esperando justicia.
No se diga la situación que viven las instituciones laborales en los gobiernos estatales en donde, si a nivel federal los recursos son limitados, en aquellas entidades, la situación es deplorable, por lo que es urgente también implementar políticas que puedan establecer niveles de equilibrio e igualdad digna en todo el país, en la atención de la vigilancia de los derechos laborales y su cumplimiento.
La reforma laboral incluyó a las trabajadoras del hogar, reconociéndolas para tener derecho a un contrato por escrito, prestaciones, estabilidad en su empleo y seguridad social, pero esos derechos han quedado en letra muerta. Siguen padeciendo de malos tratos, condiciones infrahumanas, y lo más grave, siguen siendo invisibles para políticas de gobierno.
Falta legislar para trabajadores de plataformas quienes también padecen de informalidad y reconocimiento laboral, y por tanto de seguridad social. En la pasada legislatura se quedaron congeladas varias iniciativas para proteger a ese sector que rebasa el medio millón de personas.
Es necesario que se abran espacios para los sindicatos y hacerlos partícipes en decisiones de políticas fundamentales. En gobiernos anteriores se dio preferencia al sector empresarial y no al de los trabajadores, y ahora estas omisiones deben corregirse.
Los trabajadores por su cuenta deben tener una visión más amplia, deben ir más allá de sus centros de trabajo. México padece de una dependencia toral con Estados Unidos de América y se requiere no solo de la visión empresarial para impulsar modelos que potencien la industria nacional, sino también de los trabajadores quienes producen la riqueza mexicana.
Existen reclamos del sector empresarial que no se cuenta con personal suficiente o capacitado para enfrentar y atender nuevas inversiones o el nearshoring. Sin embargo, se les deja el campo libre para evitar actividad sindical que molesta, dicen ellos, como si los sindicatos fueran moscas. Eso en demérito de salarios bajos y pésimas condiciones de trabajo. Hay centros de trabajo que están exentos de inspecciones de trabajo o las aplican de manera muy superficial. Que no olvidemos la falta de personal de inspección que tiene México.
La política laboral no puede ser ausencia de Estado, por el contrario, se debe aplicar la legislación y contar con instituciones fuertes para lograr mejores acciones de trabajo con sentido social. Con todos estos retos, le deseamos mucho éxito a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
De otros avatares
Llaman la atención dos decretos publicados en los últimos días. Uno, el referente a declarar el primero de octubre como día de descanso obligatorio. Tanto patrones como trabajadores ya se desgarraban las vestiduras esperando ese famoso decreto que llegaba y no llegaba, para declarar la obligación de no laborar ese día en lugar del primero de diciembre de cada seis años.
El segundo, el decreto sobre la guardería ABC en donde se declaran medidas vitalicias en favor de todas las madres y padres de las niñas y niños que fallecieron el cinco de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, y los sobrevivientes al trágico incendio.
El apoyo se mantiene para los hijos aún cuando cumplan 18 años por su lesión incapacitante por quemaduras, así como para los que inhalaron humo o tóxicos en el incendio; becas hasta nivel superior para todos los menores afectados, incluido el pago de energía eléctrica para aquellos que por prescripción médica hagan uso de equipos que lo requieran. Una herida que nunca se podrá sanar por mil apoyos extraordinarios que se reciban.
El balance del sexenio de AMLO en materia laboral es negativo: Manuel Fuentes 23-9-2024
El abogado laboral y articulista de La Silla Rota explica que la promesa de una transformación profunda en material laboral quedó incumplida con varios indicadores que empeoraron en vez de mejorar.
A una semana de que concluya la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el balance de su política en materia laboral es negativa porque la expectativa que generó de realizar una transformación profunda en las condiciones laborales del país, no solo quedó incumplida, sino que varios indicadores empeoraron, destaca Manuel Fuentes Muñiz, abogado laboralista y articulista de La Silla Rota.
Uno de los principales puntos que cuestiona Fuentes es la falta de impacto positivo en los salarios de los trabajadores. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Fuentes destacó que el 60% de los trabajadores en México no perciben más de dos salarios mínimos generales, mientras que el 80% no supera los tres salarios mínimos.
"La reforma laboral no ha coadyuvado a que haya una mejora en los salarios de los trabajadores", subrayó el especialista. La mejora en los salarios contractuales no se ha dado realmente", explicó. "Mi balance es negativo", afirmó durante una entrevista con La Silla Rota.
Desde el inicio del sexenio, la narrativa gubernamental ha resaltado el incremento en el salario mínimo como uno de sus logros, sin embargo, Fuentes matiza este éxito al señalar que el aumento solo beneficia a un porcentaje pequeño de los trabajadores.
"Este gobierno se jacta de que por primera vez en décadas el salario mínimo aumentó como nunca. Pero el incremento es para aquellos que perciben este salario, lo que equivale a poco más de 400,000 trabajadores, cuando en México hay más de 22 millones de asalariados registrados en el Seguro Social", puntualizó.
¿Cuál es la promesa incumplida de AMLO en materia salarial?
El abogado experto en temas laborales destacó la falta de correlación entre el aumento del salario mínimo que se dio durante el sexenio y los salarios generales. "Este año fue el 20% de incremento al salario mínimo, pero los demás salarios apenas aumentaron entre un 2% y un 4%", agregó.
Otro de los puntos críticos en la gestión laboral del gobierno actual es la notable reducción en la actividad sindical. Fuentes lamentó que, aunque la huelga sigue siendo una de las pocas herramientas legales que tienen los trabajadores para demandar mejores salarios, el número de emplazamientos a huelga ha caído drásticamente durante el sexenio.
"Cuando López Obrador llegó al poder, había aproximadamente 12,000 emplazamientos a huelga anuales. Para 2023, esta cifra se redujo a poco más de 2,000", reveló Fuentes. A su juicio, esta disminución no refleja una mejora en las condiciones laborales, como podría argumentar el gobierno, sino una creciente debilidad del sindicalismo.
"La única puerta para poder pedir incrementos salariales es a través de una huelga. Pero los sindicatos han perdido fuerza, y eso ha debilitado a los trabajadores en su capacidad de negociación", afirmó.
El entrevistado también abordó el fenómeno del sindicalismo falso o "sindicatos blancos", aquellos controlados por los patrones para simular una representación laboral.
"De cada diez sindicatos registrados en nuestro país, nueve son juguetes de los patrones", criticó Fuentes, refiriéndose a los contratos colectivos que son negociados por representantes sindicales que en realidad responden a los intereses empresariales.
Contratos colectivos: una cifra alarmante
El panorama es aún más desolador cuando se trata de los contratos colectivos de trabajo. De acuerdo con Manuel Fuentes, al inicio de la reforma laboral se presumía que en México había alrededor de 550,000 contratos colectivos. Sin embargo, al investigar a fondo, se descubrió que solo existen 130,000.
"De esos, después de un proceso de legitimación que duró cuatro años, apenas un poco más de 30,000 lograron sobrevivir", mencionó Fuentes. Si bien el número de contratos colectivos validados puede parecer significativo, el entrevistado invita a ponerlo en perspectiva.
"En México existen más de 6.8 millones de centros de trabajo. Si hacemos una relación, el porcentaje de centros de trabajo con contrato colectivo es del 0.00027%. Para llegar al 1%, tendríamos que multiplicar esa cifra por 277 veces", expuso el abogado.
Al hablar de lo que López Obrador deja como herencia a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el analista explica que le dejará un complejo panorama laboral. Entre los principales retos, mencionó el insuficiente presupuesto destinado al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, una entidad clave para la implementación de la reforma laboral.
"Este centro tiene el 81% de sus trabajadores en plazas eventuales, y perciben menos del 40% del salario que otras oficinas similares en el país", advirtió Fuentes.
Además, el abogado destacó la urgencia de aumentar el número de inspectores laborales, cuyo recorte ha afectado la capacidad de vigilancia de las condiciones de trabajo. Explica que cuando se lanzó la reforma laboral, en mayo de 2019, se emitió un decreto de austeridad que mutiló el presupuesto de varias dependencias, incluyendo la secretaría del Trabajo y de un día para otro el país perdió 500 inspectores laborales.
A pesar de las intenciones del gobierno de López Obrador de mejorar las condiciones laborales del país, Fuentes Muñiz concluye que los resultados han sido insuficientes.
La Reforma Laboral no ha dado el resultado correspondiente. Hay leyes, pero no tienen eficacia porque no hay vigilancia, no hay representación sindical real y las autoridades no cuentan con los recursos necesarios, dice Manuel Fuentes.
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