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Sitilpech hace temblar a Kekén

28 marzo, 2023 Pie de Página


Incrementa la criminalización y represión de la protesta social contra las granjas de cerdos en el pueblo de Sitilpech. Eso muestra la fuerza con la que logró frenar los intereses que tienen en toda la península empresas como Kekén.

Por Daliri Oropeza Alvarez / @Dal_air

MAYA

KAAJ

KUXA’A’N

“El pueblo maya está vivo”, en castilla.

Es una pinta en un árbol.

Es un lugar significativo para una protesta en una urbe.

Convocada por la exigencia del pueblo maya de Sitilpech, Mérida marchó contra las fábricas de cerdos. Demandó el cierre de la empresa Kekén en su territorio, debido a la extrema contaminación del agua, del aire y la criminalización con represión de su protesta al cerrar la granja, pues tiene un amparo.

La indignación llegó hasta las urbes por la gravedad del problema: por lo menos 13 municipios de Yucatán tienen niveles inaceptables de contaminación en el agua, 4 con niveles críticos y 11 que requieren atención prioritaria, provocados por las granjas porcícolas, además su construcción destruye la selva tropical, confirmó Semarnat. La protesta citadina también fue criminalizada.

Pueblos mayas como Homún, Maxcanú, Kinchil, Sudzal, y más advierten desde hace años: el agua y los cenotes están en el centro de la preocupación por la contaminación. Los habitantes de Mérida son conscientes que de ahí viene también el agua que utilizan.

Un estudio de la ONU documentó que el gran responsable de la contaminación del agua en la península es la empresa Kekén del consorcio grupo KUO, dueño de las mega granjas de cerdos.

Con más de 200 muestras de cenotes y pozos artesanales, durante ocho meses, el 100% de las muestras dio positivo en presencia de coliformes fecales y con bacterias como la Escherichia coli.

Los pobladores de Sitilpech son conscientes de este daño. Los niños y adultos se están enfermando, el agua tiene olor, es turbia, los árboles de cítricos dan frutos negros, abundan las moscas verdes. Nunca fueron consultados como pueblo maya.

En entrevista, una habitante prefiere permanecer anónima ante el hostigamiento y represión que han recibido como pueblo por frenar la fábrica de puercos. Describe cómo policías estatales y municipales escoltaron carros de la empresa Kekén, repletos de cerdos, que comenzaron a entrar el 10 de febrero.

Es un modo de represión y de operar de la policía estatal que se ha incrementado con la llegada de Mauricio Vila a la gubernatura de Yucatán en 2018. Un gobernador que ha hecho caso omiso del conflicto que lleva más de un mes.

El inicio del problema es en 2013, cuando la granja se instaló en el pueblo de Sitilpech sin manifestaciones de impacto ambiental ni permisos de los gobiernos o de los habitantes. Pasaron de criar 20 a 40 mil cerdos, sin condiciones para ello.

En 2020, los pobladores organizados reunieron más de 800 firmas de pueblo y se ampararon y con la orden del Juez Primero de Distrito de Yucatán la granja estuvo cerrada por 8 meses. En esos momentos, la diferencia de la contaminación que provoca se hizo evidente:

“Lo puedes creer, después de nueve años fue la primera Navidad que la gente convivió al aire libre en los solares de sus casas, fue la primera vez que hubo la fiesta tradicional en el pueblo, porque aquí todavía seguimos con nuestras tradiciones antiguas, y las hicimos porque no hubo esa pestilencia, porque no hubo ese malestar de los cerdos”, asegura una de las pobladoras que salió a defender su pueblo y a levantar el campamento contra la puerquera.

Hasta que un juez dio entrada a la interpelación de la empresa. En cuanto vieron que entraban camiones de cerdos, los pobladores no lo pensaron dos veces y se reunieron en la plaza principal. La gente estaba asustada por la policía. Sin embargo, al enterarse fueron a plantarse en la entrada de la fábrica de puercos para protestar y frenarla con sus propios cuerpos el 10 de febrero del 2023.

Solo ocho días después, el 18 de febrero, más de 100 policías antimotines llegaron de madrugada a desalojar el campamento que en ese momento tenía más mujeres e infancias. Bloquearon la señal de telecomunicaciones, golpearon a por lo menos 15 mujeres y una fue atendida en el hospital.

“Esto es ilegal, nos emboscaron, aislaron el pueblo, lo encapsularon”, cuenta una habitante de Sitilpech que estuvo en el desalojo. Asegura que desviaron el tránsito de cualquier auto a las entradas del pueblo. Desde entonces hay

Luego el 3 de marzo nuevamente la policía llegó, ahora escoltando camiones de la empresa. Quemó los montes alrededor y a la fuerza, quitaron el campamento de los pobladores de Sitilpech.

Para el 10 de marzo llegaron las ocho órdenes de aprehensión contra integrantes del colectivo La Esperanza de Sitilpech, los más visibles en la lucha. Les imputan el delito de obstrucción de las vías de comunicación en pandilla.

La empresa Kekén presentó la denuncia contra las ocho personas mayas defensoras del agua y la tierra ante la Fiscalía General de Yucatán.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Kanan, la audiencia realizada sienta un precedente que socava el derecho de los pueblos a defender derechos o al medio ambiente de forma pacífica.


“La denuncia presentada en contra de defensoras es parte de las acciones de criminalización e intimidación emprendidas desde el Estado en contra de Sitilpech, que siempre ha actuado de forma pacífica. Algunos medios de comunicación también han sido parte de difundir desinformación”, aseguró Miguel Anguas, integrante del Centro de Derechos Humanos Kanán.

Luego vino la marcha en Mérida, con cuatro detenciones arbitrarias cuando la protesta ya había terminado. Hombres sin placas o identificación de policía estatal, vestidos de civil, subieron a un auto y una camioneta a a cuatro jóvenes activistas que iban pintando las bardas con mensajes de ‘fuera Kekén’ y ‘apoyo a Sitilpech’.

De acuerdo con activistas consultados, esta represión también se debe a querer intimidar a los pueblos y la solidaridad con ellos contra las granjas de cerdos. Los detuvieron con irregularidades, los pasaron de inmediato a un Cereso e impidieron que su audiencia fuera pública, liberaron a dos y dejaron los cargos de portación de armas a otros dos.

Estas fábricas destruyen el acuífero y afectan la vida en todos sus sentidos, hasta cuando se trata de protestar.

De acuerdo con historiadores mayas que analizan el informe de Semarnat, la mayoría de las granjas de cerdos están el noroeste de Yucatán. El daño se acumula en donde los montes ya están devastados por la agroindustria henequenera.

Grupo KUO es un consorcio que se compone de empresas distintas tanto de producción como de distribución de carne de cerdo. Promueven la aparcería, reuniendo a pequeños y medianos productores y les da préstamos para invertir en industrialización e infraestructura. Al final quedan debiéndole a la empresa esa inversión. Cuando ya está lista, Kekén les surte los cerdos, el alimento, la medicina y el apoyo para su mantenimiento. Luego los recoge y los vende.

Entonces desarrollan y mantienen las instalaciones de granjas, a la vez que reciben los cerdos, el alimento, las medicinas y asesoría para el desarrollo de los animales. Por otro lado están las enormes granjas de engorda, de reproducción y por el otro los contratos con pequeñas granjas locales. Todo conectado les hace ver como una fábrica.

Hay casos donde los dueños registrados de las pequeñas y medianas granjas no son necesariamente empresarios de Kekén sino habitantes de los lugares. Y sin embargo, son cerdos que Kekén dota y provocan afectaciones como lo que actualmente se ve en Homún.

Hay publicaciones que detallan que este consorcio fabrica 6 mil cerdos al día que además distribuye productos en la región a través de su marca Maxicarne., con más de 400 tiendas y de acuerdo con notas periodísticas, Kekén abastece el 80% de la carne de la península. Llega a 13 estados.

Kekén es la principal exportadora de carne de cerdo de México, enviando a los mercados de Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, China y Cuba.

Una habitante de Sitilpech asegura que a pesar del miedo, las resoluciones injustas de los jueces, o despojos de las empresas, van a seguir luchando porque es un sentir colectivo:

“Yo veo que en el pueblo tenemos mucho en común, que no quieren a la granja. Me doy cuenta que no estoy sola en lo que queremos como pueblo. Quiero vivir en un lugar donde estemos sanos. Porque ahora tenemos muchas enfermedades, de por sí existen muchas enfermedades, el doble ya estando la granja acá. Vamos a tener más daños, más enfermedades y afecta la tierra, afecta el agua, el aire. ¡¿Y por qué no podemos seguir viviendo como como estábamos antes?!

Cómo era antes, había paz, tranquilidad, conversaciones afuera, convivencia”.

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